Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto frente a desestimación de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por la que se reclamaba una indemnización por los daños causados por la gestión de la pandemia de COVID-19, en la medida en que ha quedado probada la no presentación de la oportuna reclamación administrativa ante el órgano competente para conocerla, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69, letra c) de la Ley Jurisdiccional .
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia que denegó la concesión del beneficio al no haber abonado en su integridad el concursado los créditos públicos generados por derivación de responsabilidad. En primer lugar, el apelante discute la calificación de dichos créditos como privilegiados o subordinados, confirmando la calificación de los mismos como privilegiados dado que el responsable por derivación es un obligado tributario que responde de la deuda tributaria en la misma medida que el deudor principal, más sin que pueda identificarse la responsabilidad con una multa o sanción. No se trata de un crédito tributario nuevo, autónomo e independiente, sino del mismo crédito, reforzado o garantizado con un patrimonio adicional, guardando semejanza con la responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC. En segundo lugar, discute el apelante la aplicación de la redacción original del TRLC, sino la regulación posterior del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, lo que es rechazado dado que la solicitud de exoneración fue presentada cuando estaba vigente el texto original, antes de la entrada en vigor de la Ley 16/2022, habiendo ratificado la solicitud de exoneración sin presentación de plan de pagos cuando fue requerido al efecto por el juzgado.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por USO Madrid y el Ministerio Fiscal contra sentencia que anuló parcialmente la resolución ministerial sobre determinación de servicios mínimos. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la motivación de los servicios mínimos y la exigencia de que su fijación debe ser neutral e imparcial, no pudiendo ser la empresa quien, en la práctica, los fije, ni la Administración se limite a dar su conformidad a las propuestas empresariales, así como su doctrina sobre que la anulación de una resolución fijando servicios mínimos no da derecho, por sí misma, a que se reconozca una indemnización al sindicato convocante por daño moral. Y, aplicándola al caso concreto, decide desestimar el recurso de casación, pues el criterio de redondeo consistente en la "aproximación por exceso" empleado para la fijación de los servicios mínimos no lo determinó la empresa, sino la resolución administrativa. En cuando la pretensión indemnizatoria, la Sala considera que USO ha podido ejercer sus funciones representativas, ha desarrollado su acción sindical conforme al artículo 28 de la Constitución; cosa distinta es que los servicios mínimos se hayan declarado parcialmente nulos gracias a su demanda, pero de esa nulidad no se deduce perjuicio para el derecho del sindicato en cuanto a los derechos de los que es titular y que ha ejercitado.
Resumen: Procede una estimación íntegra de la demanda planteada en instancia; pues además de dicha concreta cantidad, como hemos referido en párrafos precedentes, en el suplico de la demanda se instó que dicha cantidad fuese objeto de actualización con la inclusión de las pérdidas generadas por los ejercicios 2019 y 2020 hasta la finalización efectiva de la prestación del servicio, más los intereses legales que correspondan en concepto de indemnización por las pérdidas sufridas en la explotación del meritado servicio desde el año 2013. Y respecto de los intereses legales, el órgano a quo los concede: "dada la dificultad de determinación de dicha cantidad, y de la necesidad del presente procedimiento judicial, no desde la fecha de interposición del presente recurso contencioso-administrativo, 4-III-19, dado que dicho procedimiento ha estado suspendido durante bastante tiempo, al encontrarse las partes en conversaciones, sino en todo caso a partir de la formalización de la demanda, en la que se concreta la prestación de la parte actora, estimada parcialmente en este resolución, esto es, 10- II-21";en relación con éstos, es evidente, por congruencia con nuestro pronunciamiento que no podemos acoger la limitación de los intereses que hace el órgano a quo, debiendo a la concesionaria corresponder los intereses de la cantidad reclamada, 633.031,50 €, desde el momento en que presentó la solicitud en vía administrativa cuya desestimación dio origen al presente procedimiento, esto es, 4.7.20
Resumen: La demanda fue promovida por la compañía de seguros tras indemnizar a su asegurado por los daños sufridos en su mercancía a consecuencia de filtraciones de agua procedentes de la cubierta del local, debido a su defectuoso mantenimiento. Prueba del pago que habilita el ejercicio de la acción subrogatoria del asegurador: valoración judicial del "pantallazo" informático relativo a la orden de pago de la indemnización. Los daños tuvieron lugar con ocasión de una tormenta y aguacero inusual que afectó a otros muchos locales de la misma zona; no son imputables, por lo tanto, a un defectuoso mantenimiento de la nave por el propietario arrendador, sobre el que no existen indicios ni advertencias previas al día del siniestro.
Resumen: Se estima el recurso interpuesto declarando la nulidad de la resolución denegatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el recurrente al que se le reconoce una indemnización de 33.000 euros frente a los 51.095,05€ reclamados por éste. Se sustenta la demanda en los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la defectuosa asistencia sanitaria recibida, tras someterse a una vasectomía, que le produjo un gran hematoma escrotal, que precisaba drenaje quirúrgico y debido a la demora en realizar dicha intervención, progresó el hematoma hasta causarle una isquemia irreversible de la circulación del testículo izquierdo que obligo a la orquiectomía. Considera el recurrente que se ha producido un incumplimiento del deber de información al no haberse comunicado al paciente previamente a la intervención de vasectomía podía derivarse una complicación tan grave como la orquiectomía. Se estima el recurso interpuesto, previa valoración de la prueba practicada integrada por los distintos informes médicos obrantes en el expediente administrativo, de los que se concluye declarando la existencia de una infracción de la lex artis en el tratamiento del hematoma sufrido al constatar que la isquemia del testículo izquierdo fue debida a la progresión de dicho hematoma, derivado de la vasectomía, sin que dicha demora pueda imputarse al recurrente y sin que la misma haya sido justificado.Se rechaza,sin embargo la ausencia de información alegada.
Resumen: Responsabilidad por funcionamiento de la Administración de Justicia. Certificado erróneo de últimas voluntades. Emisión de certificado por el Registro General de Actos de Última Voluntad, en 2008, que resulta erróneo según se comprueba por una segunda certificación en 2021. Correcta legitimación pasiva del Ministerio, por ser autor del acto recurrido y por cuanto el referido Registro depende de una Dirección General. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre los requisitos para la exigencia de responsabilidad. Examen del caso concreto. La actuación administrativa no ha generado perjuicios al reclamante. Afirma la Sala que existe un deficiente funcionamiento del Registro, pero nada permite concluir que de haberse efectuado la adjudicación de la herencia con base al segundo testamento la distribución hubiera sido distinta.
Resumen: Se reclama por el estado de la recurrente, con enfermedad del aparato digestivo por hernia de la cavidad abdominal n relación unas intervenciones que practicadas en los años 2011, 2012 y 2016, y que dieron lugar a una incapacidad reconocida en el año 2015 y tanto el juzgado como la Sala considera que está prescrita. Se le reconoció un grado de discapacidad del 65%, resultante entre otras dolencias, de la enfermedad del aparato digestivo por hernia de la cavidad abdominal de que trata esta reclamación", lo que permite tener por acreditado (como también apunta la resolución impugnada) que "reconocida la incapacidad más de cinco años atrás, y conocido y determinado el diagnóstico con claridad, ha tenido lugar la consolidación de las secuelas, después de la cual ha transcurrido más de un año antes de la interponerse la reclamación, que estaría, por tanto, interpuesta fuera del plazo legalmente previsto.
Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto frente a desestimación de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por la que se reclamaba una indemnización por los daños causados por la gestión de la pandemia de COVID-19, en la medida en que ha quedado probada la no presentación de la oportuna reclamación administrativa ante el órgano competente para conocerla, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69, letra c) de la Ley Jurisdiccional .
Resumen: La Sentencia de instancia inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por entender que existe desviación procesal. Refiere la sentencia que en la reclamación administrativa se solicitaba una indemnización de 100.000 euros por mala praxis, haciendo responsables a los médicos que trataron el ictus que le sobrevino días después, sin hacer alusión alguna a defectos en el consentimiento informado. Sin embargo, se dice que en el escrito de demanda ya no se alega mala praxis con resultado de sufrir un ictus, sino un daño moral por insuficiente consentimiento informado. La Sala confirma la Sentencia pues se ha introducido en sede judicial una causa petendi nueva. Una cosa es añadir en sede judicial nuevos motivos que justifiquen la pretensión actora (que sí puede hacerse), y otra bien distinta suscitar cuestiones nuevas, no planteadas en sede administrativa (que no puede hacerse), como es la supuesta falta de consentimiento informado que da lugar, a lo sumo, a una indemnización moral.
